CORRUPCIÓN

INJUSTICIAS

María Luisa Arnaiz Sánchez

Kenne Gregoire

   Mientras leía ayer la denuncia hecha a mediados del siglo XVI contra el doctor Salazar y el licenciado Jerónimo Manrique, dos inquisidores que actuaron en Murcia, la estaba relacionando con la interpuesta por José Manuel Gómez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, contra el presidente de dicho organismo, Carlos Dívar, por haber pagado con dinero público sus viajes particulares. Sigue lo que ocurrió en estos pagos.

   Cuando el notario Gregorio de Ardid los denunció ante la Suprema por amenazar y comprar testigos y por tener “hambre de que hubiese procesos”, ellos mandaron la genealogía del notario al Consejo de la Suprema y fue cesado fulminantemente (después sería procesado y condenado por transgredir “en cosas muy graves” el secreto del Santo Oficio). A raíz de las protestas Felipe II ordenó que se visitara el tribunal de Murcia y el licenciado Ayora abrió un proceso contra el inquisidor Manrique y lo acusó de noventa y tres cargos. Este solicitó ayuda al inquisidor general y se le exigió a Ayora que olvidara el asunto (quizás por eso fue nombrado obispo de Oviedo en 1567).

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   Pues bien, como escribía ayer en El País Mario Fernández Bravo: “Con el apresurado carpetazo que se ha dado al escándalo de los viajes…se viene a evidenciar los feudales y vergonzosos privilegios de que gozan los poderes públicos…De igual modo que el actual Gobierno indulta a políticos y militares sentenciados por sus excesos, se evidencia que la ciudadanía no goza de igualdad ante la ley cuando asistimos a estas tropelías. Todo huele a corrupción”. 

Kenne Gregoire

   H. C. Lea en su “Historia de la Inquisición española”, 1983, afirma respecto de los abusos que cometían los inquisidores: “Era el inevitable resultado de confiar un poder irresponsable a hombres generalmente…arrogantes que solo reconocían obediencia a la Suprema y pronto advirtieron que, aun cuando pudiese no aprobar sus actos, siempre los apoyaría frente a las quejas, y…dudaría mucho antes de comprometer la pretendida infalibilidad del Santo Oficio con su destitución o cualquier intervención pública…La Suprema…rara vez castigaba y siempre protegía a los ofensores”.
   Mutatis mutandis...

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